En la arquidiócesis de esta ciudad la impunidad para los curas pederastas está garantizada, siempre y cuando el sacerdote acusado sea del agrado del arzobispo José Fernández Arteaga, denuncian en entrevistas por separado sacerdotes y laicos quienes, por temor a represalias de parte del jerarca eclesiástico, solicitan que su identidad no sea revelada. Los religiosos detallan que el michoacano que encabeza la iglesia en la capital del estado personalmente se encargó de encubrir al cura Fernando Moriel y luego gestionar con otro obispo su traslado a otra ciudad cuando salió a la luz que el entonces párroco de Delicias, perteneciente a esta arquidiócesis, había abusado sexualmente y durante años del menor Jaime Huerta López (ver Contralínea 17).

Las fuentes aseguran que Fernández Arteaga sabe exactamente dónde se encuentra el padre Moriel, a pesar de negarlo y de que la familia del joven que ahora padece Sida reclama que “el pederasta dé la cara”. Y es que, a decir de presbíteros de varias corrientes al interior de la diócesis y de laicos -entre los que se encuentran abogados y comerciantes-, aún existen al menos otros dos sacerdotes que sostuvieron relaciones sexuales con niños u que, lejos de excomulgarlos como manda el derecho canónico, el obispo los protegió y sólo los cambió de parroquia. Incluso los dos presuntos pederastas, al igual que el padre Moriel, aún siguen celebrando misas. Los familiares de las víctimas prefirieron no denunciar el hecho “porque el daño psicológico a los niños sería aún mayor”. Uno de ellos amenazó con suicidarse. Presbíteros que conocieron a profundidad el caso señalan que “el obispo sí es responsable de ocultamiento, protección y cambio (de una parroquia a otra) de sacerdotes pederastas; y con eso el obispo nada más trasladó el problema a otra parte con la agravante de que es posible que se sigan repitiendo los hechos.

De esto mismo acusan al cardenal (Norberto Rivera ante un tribunal estadunidense). Obviamente no sabemos si el arzobispo de la ciudad de México es culpable o no; pero sí nos consta que el de aquí, Fernández Arteaga, por supuesto que lo es”. Además están los casos de los ex sacerdotes Francisco Garay y Fernando Espinosa, quienes aún oficiaban misas cuando, tolerados por el arzobispo, habían formado sus respectivas familias. Incluso Espinosa fue nombrado director del periódico oficial de la iglesia chihuahuense, Notidiócesis, después de que nació su primer hijo. Sólo cuando la feligresía se percató de los hechos, Fernández Arteaga decidió retirarlos. El libro JFA (las iniciales del nombre del arzobispo de Chihuahua) lleva como título un libro de “edición privada” que firmaron 18 párrocos en 2002, originalmente destinado “a un público restringido” y del cual Contralínea posee copia. En la obra los sacerdotes asientan: “Con mi firma me hago responsable solidario con el sentido, la intención y el contenido general de este documento”. En la presentación del texto los presbíteros reiteran su fe católica, su adhesión al Papa y “a la Santa Sede”, pero dicen que ya no pueden callar “los hechos que aquí [ el libro] desaprobamos”. Sin embargo, advierten que “la mayor parte de los datos de esta triste realidad [ vive la Iglesia chihuahuense] han quedado y se quedarán para siempre sin revelar. [ Lo que hemos escrito es lo que hemos visto. [ A la autoridad suprema le rogamos que haga una pesquisa a fondo.

En 204 páginas los curas documentan lo que consideran la decadencia de la Iglesia católica en el estado a causa de que quien está al frente de ella, el arzobispo José Fernández Arteaga, está “enfermo de autoridad” y “obsesionado por el poder”. Además lo califican de ignorante -pues “su actualización en cuestiones morales, pastorales y aun canónicas es prácticamente nula”-, falto de espiritualidad, trato despótico, carente de “espíritu pastoral” y mediocre. En suma, consideran que el único mérito que le valió a Fernández Arteaga alcanzar el arzobispado fue su estrecha amistad con Girolamo Prigione, quien fuera el nuncio apostólico en México durante la “luna de miel” entre los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Juan Pablo Segundo. El libro concluye que la Iglesia de Chihuahua está “detenida, paralizada, secuestrada y cautiva dentro de los límites de la voluntad de un pastor mediocre, que quiere reducir a todo un clero y pueblo dinámicos a la estrecha cárcel de su mentalidad obtusa, de su ignorancia, de su falta de espíritu apostólico, convirtiéndola en instrumento de su ambición personal, de su arribismo y de su deseo de medrar a costa de un cargo que le queda demasiado grande”. Devoción por el dinero J FA, que apareció para circular únicamente entre el clero un año antes del escándalo protagonizado por el padre Moriel, no da cuenta de las prácticas de pederastia que desde hacía años se practicaban en la arquidiócesis; pero sí documenta la irregular administración de los recursos económicos que ingresan al arzobispado. Según el documento, Fernández Arteaga «‘da la impresión de maneja la economía diocesana como si fuera su economía personal y las obras e instituciones de apostolado no las ve bajo la óptica de la evangelización que realizan, sino desde el punto de vista exclusivo del dinero que manejan. Su supervisión de las mismas no es para ver cómo funcionan, qué servicios está prestando, cuánta gente se beneficia de ellos, qué necesidades tienen para cumplir mejor su misión, sino cuánto dinero manejan y cómo puede él tener el control de dicho dinero”. Y es que a los religiosos les pareció extraño que, a diferencia del anterior obispo, el actual haya eliminado desde su llegada los informes sobre el dinero que ingresa a la diócesis, cuánto dinero se aplica a los gastos personales del obispo y cuánto a obras pastorales.

De acuerdo con información de religiosos de la propia arquidiócesis, por concepto del diezmo ingresa al arzobispado entre un millón 500 mil y un millón 800 mil pesos anual mente. Además, se calcula que por concepto de participación de cada una de las más de 80 parroquias, las cuales deben aportar mensualmente al obispo el 12 por ciento de sus ingresos, la arquidiócesis obtiene alrededor de 250 mil pesos mensuales o 3 millones de pesos al año. Es decir, José Fernández Arteaga administra sin rendir cuentas a nadie cerca de 5 millones de pesos. A este respecto, el libro señala: “El manejo del dinero quedó totalmente a arbitrio del arzobispo, quien tomó como una de sus primeras medidas remodelar el edificio de la curia diocesana, gastando en ello más de un millón y medio de pesos, dejándolo al nivel de confort de las oficinas de las grandes empresas de la ciudad. Igualmente remodeló su casa, gastando en ello unos 200 mil pesos en una primera etapa [ En la segunda etapa se han invertido unos 2 millones de pesos [ En contraste, los curas informan que se canceló el apoyo a las obras pastorales, a las parroquias pobres y a los diversos organismos diocesanos.

 “Así como [ Fernández Arteaga] es muy solícito en hacer auditorías [ sería muy conveniente que por orden de la autoridad superior se hiciera una auditoría a la economía diocesana y al manejo personal que de ella hace el obispo.” Aunque en la creación del libro participaron decenas de sacerdotes, quienes finalmente se mantuvieron firmes en la decisión de no retirar sus rúbricas fueron: Ildefonso Acosta, Martín Barraza, Carlos Barrio, Miguel Agustín Becerra, José Cereceres, José Luis de Haro, Eduardo Estrada, Vicente Gallo, Raúl Gamboa, Jesús Raúl Hernández, Jesús Antonio Hernández, Enrique López, Jorge Arturo Martínez, Miguel Ortega, Carlos Pérez, Ricardo Ríosvelasco, Raúl Treviño y Dizán Vázquez. El evangelio según el PRI Otro de los reproches que los diocesanos hacen a su obispo es que lejos de estar al pendiente de lo que necesitan los párrocos, está presto a convivir con la clase política de estado, particularmente con los que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que le hace propaganda a la menor oportunidad.

En efecto, Fernández Arteaga no oculta que tres de sus “grandes amigos” son el actual gobernador José Reyes Baeza Terrazas, el antecesor Patricio Martínez y quien fuera secretario de Gobierno durante el sexenio pasado Sergio Martínez Garza. Incluso cuando en las elecciones de 1998 ganó la gubernatura Patricio Martínez, el obispo se permitió escribir en el periódico local El Heraldo para festejar el triunfo y “felicitar a pueblo”. Además, en su escrito publicado el 13 de julio de ese año asentó: “estoy convencido de que no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas. De modo que quien se pone contra la autoridad, se rebela contra el orden divino”.

 Durante el pasado proceso electoral federal se le vio como entusiasta promotor de la candidatura de Roberto Madrazo Pintado, el único de los siete aspirantes al que le organizó una recepción con laicos y clérigos de la zona. En las invitaciones que hizo la iglesia de Chihuahua para el evento con el abanderado priísta se obvió su nombre y su partido.

El arzobispo Fernández Arteaga sólo lo llamó “El Candidato”. Se solicitó entrevista con el arzobispo Fernández Arteaga, quien a través de su secretaria se disculpó por “tener muchas reuniones en su agenda y salir constantemente a Roma”. En el arzobispado se dijo que estaban al tanto del libro y que la posición oficial la fijaría, en entrevista, monseñor Manuel López Fernández, director de Notidiócesis. Hasta el cierre de esta edición no se ha recibido respuesta